‘Desaparecen’ mil mdp en camionetas, bonos y vales en institutos electorales estatales

Consejeros y magistrados electorales locales abren boquete millonario de gastos sin comprobar, revelan auditorías.

En los institutos y tribunales electorales de los estados, las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etcétera.

Una investigación realizada por MILENIO, basada en una revisión de las auditorías practicadas a estas instituciones por parte de los órganos superiores de fiscalización en cada una de las entidades, revela lo anterior y ofrece detalles de los derroches e irregularidades.

El robo de la camioneta del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa se convirtió en un tema de conversación entre los auditores del Congreso del estado. El asunto fue incluso reportado por los principales medios de comunicación locales.

Resulta que Guillermo Torres Chinchillas denunció en 2019 el supuesto atraco, pero no presentó copia de la denuncia que respaldara su dicho. Se trataba de una Toyota RAV4 XLE con un costo de 374 mil 800 pesos. El Tribunal le había otorgado la SUV para el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, el magistrado no reportó de inmediato ese supuesto robo. Fue hasta noviembre de 2020 cuando Torres Chinchillas dio a conocer, ante la administración del Tribunal, el presunto hurto, pero no presentó evidencia para corroborar su versión. Aun así, según auditorías, la camioneta fue dada de baja del inventario del tribunal sin mayor trámite.

El tribunal reconoció a MILENIO que la denuncia no ha sido entregada, aunque afirman tenerla en sus archivos, porque la “auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019 aún sigue su curso y sigue en etapa de requerimientos de documentación comprobatoria y justificativa”.

Institutos deben rendir cuentas: INE

Entrevistada al respecto, Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, aseguró que, como toda institución pública, los institutos estatales deben rendir cuentas, pero que no le corresponde al INE la fiscalización y la revisión del uso de sus recursos públicos.

“Debe de haber rendición de cuentas, transparencia, tiene que hacerse una revisión puntual de cómo se están ejerciendo esos recursos públicos y si hay alguna irregularidad, llámese una autoridad electoral o cualquier otra autoridad, se tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que aclarar eso y regularizar. Eso va por una cuerda completamente separada, es una función que se tiene que hacer de manera permanente y eficiente”, expresó la consejera.

Sin embargo, aclaró que “el INE no tiene injerencia en la forma en la que los OPLEs ejecutan los recursos públicos que les son otorgados”.

Explicó que, aunque la reforma electoral del 2014 estableció al INE como eje rector del modelo nacional de elecciones, en el que coexisten la autoridad nacional y las de los 32 estados, “eso no implica que esas autoridades locales hayan perdido su autonomía o se hayan convertido en extensiones del INE”.

Ravel consideró que, si se le adjudicara al INE la responsabilidad de fiscalizar a los institutos, tendría una carga aún más grande de trabajo.

Fuente: Milenio