#Yucatán. Objeciones al Tren Maya.

El proyecto avanza no por criterios de rentabilidad social, sino por decisión de una persona, señala el presidente nacional de Coparmex.— Sin respeto a la ley

En la obligación del gobierno de cuidar el dinero de los contribuyentes, gastarlo con claridad, sentido y eficiencia —especialmente importante en estos tiempos extraordinarios— está la raíz de las objeciones de Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, al proyecto del Tren Maya, una de las obras “emblemáticas” del presidente de la república.

El líder del sindicato patronal más poderoso del país sostiene que el megaproyecto ferroviario de 1,500 kilómetros y 170,000 millones de pesos no tiene rentabilidad económica ni social y va en contra de los criterios más elementales que debe cumplir una obra pública.

“En Coparmex insistimos que los proyectos que llevan al cabo las autoridades deben comenzar por atender el criterio básico de rentabilidad social. En un escenario de recursos escasos es evidente que todos los gobiernos —el federal no tiene por qué ser la excepción— están obligados a aplicar esas pautas de la mejor manera”.

De entrada, continúa, al Tren Maya se le puede cuestionar la decisión unilateral de llevarlo al cabo y en cambio aplazar o cancelar otros proyectos —incluso de carácter peninsular— sin realizar un estudio que determine que es la obra de mayor prioridad para la región.

Esta preocupación la ha planteado De Hoyos Walther en anteriores ocasiones: cabría preguntarse si el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía —la tríada que apasiona a López Obrador— son la mejor inversión que el gobierno puede hacer o si, ante la escasez de recursos públicos, financiar proyectos locales que tienen que ver con educación, salud e infraestructura básica no sería mucho más rentable socialmente.

“Hoy lo que es un hecho es que este proyecto tiene recursos públicos asignados sin que se hayan cumplido —y lo señalamos en su oportunidad— todos estos requisitos… Y faltaría aún hablar de ciertos temas de carácter ambiental”.

Al margen de la ley

No se trata de catalogar si los “proyectos emblemáticos” de este gobierno son “buenos o malos”, sino de pedir que los recursos disponibles sean dirigidos a donde puedan tener mayor rentabilidad social, subraya.

Otro cuestionamiento tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Recuerda que la exigencia de Coparmex en cualquier obra pública es que se cumplan estrictamente todas las reglamentaciones de carácter federal —incluidas las de orden ambiental— y se respeten las disposiciones en materia de adquisiciones.

“Así que, en caso de que comience la obra, como se ha anunciado —es parte de la discusión que está hoy en la Cámara de Diputados como parte del presupuesto de Egresos para el período 2020-2021— pedimos que el ejercicio de los recursos públicos se lleve al cabo de una manera correcta”.

Y además que se considere de manera especial la participación de las empresas locales y nacionales, de tal manera que la derrama económica que pueda dejar la obra tenga la mayor incidencia en el desarrollo regional, añade. “Pero todo, insisto, cumpliendo con la regulación”.

“Nuestra exigencia es que en este proyecto —como en todos los demás— se cumplan escrupulosamente los criterios y normatividades que a través de los años ha emitido el gobierno federal, particularmente Hacienda, que es la entidad encargada de ese tema”.

“Y subrayamos la necesidad de garantizar que los escasos recursos que tiene el gobierno federal para el gasto productivo —sabemos que estamos en uno de los años de menor inversión pública de la historia— tengan el mayor impacto posible en el desarrollo regional”.

Más allá de que se pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que no se debe soslayar es que en este proyecto —al igual que Santa Lucía y Dos Bocas— la legislación federal fue violentada para justificar una asignación de recursos de esta naturaleza, asegura.

Tampoco se puede pasar por alto que la decisión ha sido orientada básicamente por criterios personales de López Obrador.

“Entonces, reconociendo el avance que tiene esta decisión y que cuenta ya con recursos públicos asignados, nuestra exigencia es que se cumpla escrupulosamente la ley en su ejecución y que se busque que incida en el progreso regional mediante la utilización de los servicios de las empresas regionales”, concluye.— D.Y.

El Tren Maya Cuestionamientos

Gustavo de Hoyos comparte las razones de su desacuerdo con el proyecto del Tren Maya.

Para empezar

En principio, la obra, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno federal, no cumple los criterios de rentabilidad social.

Prioridad

Tampoco se realizó ningún estudio que demuestre que es una prioridad para la región, añade el presidente nacional de Coparmex.

Por encima de la ley

Además, la legislación federal fue violentada para justificar una gran asignación de recursos al proyecto.

Capricho

“Y tampoco se puede dejar pasar como si nada que la decisión ha sido orientada básicamente por criterios personales de López Obrador”.